Los omisos órganos electorales de la UNISON

 

La Comisión Electoral y el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora pasaron por alto las normas que regulan la elección de representantes al Colegio Universitario.

Voy al grano. El lunes 10 de abril del presente año, dos días antes de la elección, solicité a la Comisión Electoral, presidida por la “defensora de derechos universitarios” María Auxiliadora Moreno, información sobre el grado académico del profesor Jesús Ignacio Ibarra Carmelo, candidato al Colegio Académico por una planilla denominada “Incluyente”. Si bien la Comisión contestó de inmediato haber recibido la comunicación y pedido información al Departamento de Recursos Humanos, dirigido por el morenista Fermín González Gaxiola, no hubo respuesta. Tampoco la hubo a una segunda solicitud.

Ambas instancias debieron cumplir con la Convocatoria Electoral que señala entre los requisitos, para poder participar como candidato, cumplir con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, Número 169, fracción IV, que textualmente dice: que el candidato debe "Poseer título profesional legalmente expedido.”

El Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora, precisa en su Artículo 28, que para ser profesor de asignatura se requiere tener título de licenciatura.

El título legalmente expedido debe ser, pues, por lo menos, de licenciatura. Sobre eso es mi solicitud de aclaración que, ni el Departamento de Recursos Humanos, ni la Comisión Electoral han respondido, y sigo esperando su respuesta en términos de lo que mandata el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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Los gastos médicos mayores en riesgo

 El 21 de marzo, en una reunión delegacional del Departamento de Sociología y Administración Pública, el profesor Jesús Ibarra Carmelo, quien dijo ser miembro de la Comisión Negociadora, del STAUS supongo, afirmó que se había puesto en la mesa de discusión: eliminar la prestación de gastos médicos mayores porque es muy cara; los recursos se destinarían a algo que no precisó. Por otro lado me entero que por disposición de la SEP, eso me dijeron,  debe aumentar la cantidad de créditos en los programas educativos. ¿De dónde saldrán los recursos? Dice el dicho que pensando mal acertarás y  mis malos pensamientos me dicen que de lo que se ahorren con la prestación de los gastos médicos mayores que nos quiten.

Le argumenté al representante del Comité Ejecutivo en la reunión, un profesor al que mencionaron como Jacob, que ellos no podían dejarnos sin esa prestación, que algunos sólo valoran cuando les toca el infortunio de hacer uso de ella; reconoció que tendríamos que participar todos. El profesor Ibarra Carmelo dijo que no dijo lo que dijo, pero la propuesta está vigente y tendremos que cuidarnos.

Sabemos que López Obrador se ha referido a los gastos médicos mayores, citando expresamente a los funcionarios del INE, nada más que nosotros no tenemos los ingresos de tales “servidores públicos”, ni podemos ir a atendernos a Houston. También sabemos que ese ahorro abriría espacio a más profesores, cosa que se puede hacer sacando recursos de un ajuste en la masa burocrática y de ninguna manera de nuestra prestación de salud.

Por lo pronto, el profesor mencionado es candidato al Colegio Universitario y debemos tener cuidado con la gente que enviamos a ese órgano de gobierno, porque allí se decidirán temas como el que me ocupa.

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LA LEY 4 T

 

 

El gobierno del Estado de Sonora y su congreso estatal, dominado por el partido MORENA, se proponen retocar la Ley 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, lo cual demuestra que ciertamente no son los mismos, pero son iguales a los partidos que padecimos durante décadas. No escuchan a los universitarios, aunque el gobernador Durazo sí escucha a la iniciativa privada a quienes les creará una policía estatal para que cuide sus intereses. ¿Y a los ciudadanos quién nos cuida?

Una encuesta reciente, con una muestra de 600 ciudadanos de esta capital, publicada en el periódico EXPRESO el 17 de febrero de 2023, revela que:

“el 82.9 por ciento de los consultados mencionó a los docentes como la figura o agente social en que muestran mayor confianza.

En segundo lugar, los habitantes de la capital del estado mencionaron los vecinos como el ente que genera más confianza con un porcentaje del 81.6, seguido en un tercer lugar por la Iglesia con un 71.1 por ciento.”

En contrapartida, el menor nivel de confianza recayó en los diputados locales con el 25.5%, los regidores 24.2%, y los partidos políticos con apenas el 19.7 %.

Paradójicamente, los diputados locales y sus partidos políticos quienes tienen el menor nivel de confianza ciudadana, elaboran una ley que afectará a los docentes quienes tienen la mayor confianza de la población. ¡Cosas de la 4 T!

El dictamen, que seguramente será aprobado, es violatorio del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el Artículo 21 discrimina a los candidatos a la rectoría por razones de edad (35 años mínimo y no más de 70).

Adolece de la cacareada técnica jurídica, ya que el conejo sacado del sombrero llamado Colegio Permanente de Asuntos Electorales, encargado de controlar a los candidatos a rector y jefes de departamento, estará integrado por miembros que no pertenecen al Colegio Universitario, siendo que el mencionado Colegio Permanente es un órgano del mencionado Colegio Universitario.

Asimismo, deja en pie las divisiones con otro nombre.

El Artículo 30  mantiene el proyecto inicial de la autoridad de integrar un colegio departamental muy pequeño, integrado por dos o tres profesores y una cantidad igual de alumnos,

 

El Artículo 72 dice que: “El personal al servicio de la Universidad recibirá los beneficios de la seguridad social a través de la institución que se determine de común acuerdo con las autoridades de la Universidad y en los términos previstos por los ordenamientos legales y los acuerdos o convenios suscritos.” Lo cual deja la puerta abierta para que el mando de la rectoría pacte con el gobierno del Estado para que nos saquen del ISSSTESON y nos manden al SEGURO SOCIAL.

La Ley Durazo es un monumento a la Ley Beltrones. El conservadurismo nutre a uno y otro ordenamiento.

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LA LEY BELTRONES SIGUE

 

Más de 2 mil años de atraso legislativo permite a la gobernación de Morena impulsar una ley que refleja los tradicionales mecanismos de control gubernamental, partidario y grupuscular de la Universidad de Sonora.

En la república romana esclavista no se aprobaba una ley si no era publicada en la plaza pública, no se le podían hacer cambios, pero podía ser votada en contra y quedar sin efecto.

En el Sonora de la 4 T eso es impensable, apenas el jueves pasado le pedimos al secretario de gobierno del Estado de Sonora, una copia, la negó y al día siguiente el gobernador la envió al Congreso estatal. En contrasentido, nos enteramos por un periódico local del contenido, el tal proyecto no es un avance para la institución, refleja las intenciones del gobierno de no permitir la autonomía de la Universidad de Sonora y algo más: la llamada Junta Universitaria cambia de nombre y pasa a denominarse Consejo de Gobierno; sus funciones, al parecer, seguirán teniendo injerencia en el nombramiento de Rector. El mismo periódico da cuenta de la inconformidad de la Junta Universitaria acerca del nombramiento de los integrantes del Consejo, los cuales serán nombrados por el gobierno.

Los universitarios no fuimos consultados, el secretario de gobierno acordó, negoció o atendió –bueno, él sabe cómo se entendió con ellos-- a cuatro profesores enquistados en la dirección del STAUS, quienes se arrogaron una representación que no tienen. A nosotros nos atendieron de compromiso, pero no nos escucharon.

De esa manera, el partido Morena está en posibilidad de nombrar a alguno de sus miembros o a algún graduado en alguna universidad extranjera, cosa que deslumbra al gobierno de la 4 T, aunque hagan gala de ideología nacionalista. Si el próximo Rector sale de Morena ya imaginamos los candidatos.

A todo esto, qué pasará con la actual titular de la rectoría; se puede pensar que parodiando a Vicente Fox le pueden decir: ¡terminas y te vas!

Por nuestra parte le hicimos saber a dos o tres funcionarios que se dignaron darnos unos minutos, la siguiente propuesta que reiteramos:

Desaparición:

1.     De la Junta de Gobierno.

2.     De las Divisiones.

3.     Del cobro de cuotas a los estudiantes.

Restitución:

1.     Del Consejo Universitario paritario como máxima autoridad académica, administrativa y financiera.

2.     Los Consejos Directivos Departamentales.

3.     Elección de Rector por voto universal, directo y secreto.

 

En síntesis: eliminar esos aspectos nocivos que la Ley Beltrones contiene y restituir los espacios participativos que eliminó. Sin ellos la ley Beltrones sigue; ya veremos cómo designan los universitarios a su segunda versión.

Martes, 7 de febrero de 2023.

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