Nos proponemos difundir la historia de la Universidad de Sonora, para lo cual ya se han publicado cuatro libros. Además, nos proponemos opinar sobre política educativa y el conjunto de circunstancias que inciden sobre la educación pública. Se trata de una labor enraizada en el estudio de la historia de nuestro país y a ella habremos de dedicar también nuestro trabajo.

LA LEY 4 T

 

 


El gobierno del Estado de Sonora y su congreso estatal, dominado por el partido MORENA, se proponen retocar la Ley 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, lo cual demuestra que ciertamente no son los mismos, pero son iguales a los partidos que padecimos durante décadas. No escuchan a los universitarios, aunque el gobernador Durazo sí escucha a la iniciativa privada a quienes les creará una policía estatal para que cuide sus intereses. ¿Y a los ciudadanos quién nos cuida?

Una encuesta reciente, con una muestra de 600 ciudadanos de esta capital, publicada en el periódico EXPRESO el 17 de febrero de 2023, revela que:

“el 82.9 por ciento de los consultados mencionó a los docentes como la figura o agente social en que muestran mayor confianza.

En segundo lugar, los habitantes de la capital del estado mencionaron los vecinos como el ente que genera más confianza con un porcentaje del 81.6, seguido en un tercer lugar por la Iglesia con un 71.1 por ciento.”

En contrapartida, el menor nivel de confianza recayó en los diputados locales con el 25.5%, los regidores 24.2%, y los partidos políticos con apenas el 19.7 %.

Paradójicamente, los diputados locales y sus partidos políticos quienes tienen el menor nivel de confianza ciudadana, elaboran una ley que afectará a los docentes quienes tienen la mayor confianza de la población. ¡Cosas de la 4 T!

El dictamen, que seguramente será aprobado, es violatorio del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el Artículo 21 discrimina a los candidatos a la rectoría por razones de edad (35 años mínimo y no más de 70).

Adolece de la cacareada técnica jurídica, ya que el conejo sacado del sombrero llamado Colegio Permanente de Asuntos Electorales, encargado de controlar a los candidatos a rector y jefes de departamento, estará integrado por miembros que no pertenecen al Colegio Universitario, siendo que el mencionado Colegio Permanente es un órgano del mencionado Colegio Universitario.

Asimismo, deja en pie las divisiones con otro nombre.

El Artículo 30  mantiene el proyecto inicial de la autoridad de integrar un colegio departamental muy pequeño, integrado por dos o tres profesores y una cantidad igual de alumnos,

 

El Artículo 72 dice que: “El personal al servicio de la Universidad recibirá los beneficios de la seguridad social a través de la institución que se determine de común acuerdo con las autoridades de la Universidad y en los términos previstos por los ordenamientos legales y los acuerdos o convenios suscritos.” Lo cual deja la puerta abierta para que el mando de la rectoría pacte con el gobierno del Estado para que nos saquen del ISSSTESON y nos manden al SEGURO SOCIAL.

La Ley Durazo es un monumento a la Ley Beltrones. El conservadurismo nutre a uno y otro ordenamiento.

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