El Programa de Renovación de la Planta Académica de la UNAM es excluyente e inconstitucional
De un rato acá se ha instrumentado un Programa
de Renovación de la Planta Académica de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Sus críticos han argumentado sobre sus
deficiencias, en tanto que el rector, José Narro Robles, ha dicho que no
es “excluyente ni inconstitucional". Como es lógico: quienes
esperan beneficiarse de sus resultados se pronuncian a favor, mientras que los
que pueden resultar perjudicados manifiestan sus dudas respecto a las bondades
de dicho programa. La respuesta del rector de la UNAM es más o menos la misma
que dan los entrenadores de los equipos de futbol profesional en México: “lo
que importa es el equipo, no los individuos”. Él lo dice de esta manera: los
que rechazan el programa especial "no tienen los argumentos ni los
datos" y luego los descalifica: su posición "no es de defensa de
nuestra universidad".
Las autoridades de la pontificia universidad de México
han impuesto la medida de que las plazas académicas de tiempo completo sean
ocupadas interinamente durante tres años, sin adquirir derecho alguno, para
luego ser concursadas, pudiendo participar “cualquier interesado, sin importar
su edad.” Contradicción de por medio, pues resulta que el programa es para
renovar la planta académica, ya que afirman contar con “datos ‘preocupantes’
que muestran un envejecimiento de la planta docente y de investigación.” Lo
cual les parece “un problema muy serio dentro de la universidad".
Seguramente piensan que los académicos se vuelven imbéciles después de los 61
años, cualidad que seguramente también comparte el rector Narro Robles, pues ya
rebasa los 65 años de edad, aunque parece tener muchos más. La pregunta obligada
es: ¿por qué no se fue él de la Universidad hace 4 años?
El argumento para retirar a los académicos de mayor
edad es burocrático y discriminatorio: a) el promedio de edad entre los
profesores de tiempo completo es elevado, b) se ha reducido el número de
investigadores que son candidatos a ingresar al Sistema Nacional de
Investigadores, y c) no hay académicos menores de 40 años para aspirar al
Premio Distinción Universitaria para Jóvenes Académicos.
A favor del programa de retiro voluntario se manifestaron
once consejeros universitarios –que es de suponer son jóvenes, deseosos de
sacrificarse en la cancha– quienes por pura casualidad coincidieron en la
necesidad de “académicos jóvenes para lograr un equilibrio entre el personal
docente y de investigación, y con ello fortalecer a la universidad para los
próximos años.” Bla- bla– bla. El canibalismo disfrazado de preocupación
universitaria. (La Jornada. “Niega el rector que el programa para renovar
planta académica sea excluyente”, por: Emir Olivares Alonso. 22 de marzo de
2014, p. 33).
Bien haría el rector de la UNAM en tomar medidas
serias para eliminar los mecanismos burocráticos que impiden dar a conocer el
trabajo de los académicos de esa institución, exigir se elimine la corrupción
imperante en el Sistema Nacional de Investigadores, y no preocuparse tanto por
la cantidad de profesores que pueden participar en el torneo de los sub-40.
Por otro lado, el programa es discriminatorio, porque
divide a los académicos en dos grupos y se inclina sin mayores pruebas por uno
de ellos. La Declaración Universal de Derechos Humanos sostiene
en su Artículo 23 que toda persona tiene derecho al trabajo, a
tener condiciones equitativas y satisfactorias en el mismo, a elegirlo
libremente y a ser protegida contra el desempleo. Tiene derecho a no
sufrir “discriminación alguna,” y a gozar de “una existencia conforme a la
dignidad humana”, completada con otros medios de protección social. Por
cierto, también tiene “derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.”
El Artículo 2 afirma que toda persona tiene los
derechos y libertades proclamados en la mencionada Declaración, sin distinción
“de cualquier índole”. El Artículo 28 le reconoce a las personas el derecho a
que se establezca un orden social e internacional en donde los derechos y
libertades sean efectivos. El Artículo 30 deja claro que la Declaración no
contiene nada que pueda hacer pensar a los gobiernos, grupos o personas, que
pueden realizar acciones que supriman los derechos y libertades establecidos en
ella.
El rector de la UNAM dice que el Programa no es
excluyente ni inconstitucional. Ya vimos que es excluyente, ahora veamos qué
tan constitucional puede ser. El Artículo 1° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece la vigencia de los derechos humanos
reconocidos en los tratados internacionales de que el Estado mexicano forma
parte y expresamente prohíbe la discriminación por edad. En tanto que la
Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce en el Artículo 8° el derecho
de las personas a contar con recursos efectivos, para ampararse ante los
tribunales nacionales, contra los actos violatorios de los derechos
fundamentales establecidos en la constitución y las leyes de los países; en el
Artículo anterior, el 7°, la Declaración reconoce la igualdad ante la ley y la
protección de la misma contra toda forma de discriminación, y contra cualquier
forma de provocación dirigida a discriminar a la persona humana.
La huelga en la Universidad de Sonora
La estrategia del gobierno parece
ser: dejar que las protestas y las organizaciones sociales se pudran. El
bloqueo carretero en Vícam es una muestra.
El Sindicato de Trabajadores y
Empleados de la Universidad de Sonora (STEUS) requiere valorar con cuidado el
carácter del régimen político que domina el país, pues éste cambió sus maneras
de actuar desde hace algún tiempo; ya no es proclive a lidiar con los cuerpos
intermedios de la sociedad (especialmente con los sindicatos), si tales cuerpos
no son afines a sus intereses de clase.
El régimen vigente únicamente
favorece los intereses privados, especialmente si son monopólicos, y desdeña lo
público, lo social y todo aquello que implique demandas colectivas, surgidas de
lo profundo del pueblo mexicano.
El Rector de la Universidad de
Sonora no debe olvidar que, si bien puede otorgar poderes a otros, es el
representante legal de la Universidad y, en última instancia, es el responsable
de lo que a ésta le suceda.
En esta etapa de la historia de
la patria, en la que los intereses monopolistas privados, internos y externos a
ella, se han apoderado de las instituciones del Estado nacional, lo público se
ha vuelto prescindible, incluyendo los bienes públicos y la soberanía nacional
misma. La Universidad de Sonora es uno de esos bienes públicos de los que el
régimen político puede estar dispuesto a desprenderse y, si es posible,
desaparecer. Los universitarios debemos entender que el régimen político ya no
tiene rumbo, no es patriótico, ni le interesa el destino de la Nación mexicana;
que si algún rumbo contempla es el de utilizar el Estado mexicano para
contribuir a la acumulación foránea de riqueza, de la cual los políticos
involucrados en la subasta de bienes nacionales esperan participar de manera
individual.
Es sabido que el actual
Gobernador del Estado desfondó el fondo económico que debe cubrir las pensiones
de los universitarios que esperan retirarse, o ya se han retirado, lo cual nos
afecta a todos, incluyendo a los funcionarios universitarios que puedan
sentirse alejados de tales preocupaciones; pero la realidad es más terca que
las pretensiones y tales funcionarios necesitan de una fuerza organizada capaz
de exigir la restitución de los fondos expropiados; los sindicatos tienen esa
fuerza de la que ellos carecen.
Por eso, deben “evitar la
arbitrariedad y el autoritarismo, con lo que su funcionamiento estará regido
por la participación democrática, el consenso de la comunidad y el interés de
mantener la calidad funcionaria.” Esa es la conducta que les ordena la
Exposición de Motivos de la Ley 4, Orgánica de la Universidad de Sonora.
LA "CULTURA" PRIISTA DE LA CORRIENTE DORADA
La corriente dorada, que ha controlado la dirección del Sindicato
de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) desde las
últimas cuatro elecciones, cada vez se parece más al PRI. El actual Comité
Ejecutivo está compuesto no sólo por profesores, sino también por burócratas
con nulo interés sindical, más preocupados por alejarse del aula de clase y de
su promoción personal que de resolver los problemas de los agremiados a quienes
dicen representar. No es extraño que algunos de ellos reaccionen con enojo ante
la menor crítica a su muy precaria gestión sindical; se molestan ante el menor señalamiento
diferente a sus ideas y no quieren que los toquen ni con el pétalo de una
insinuación, como si no conociéramos los desplantes mercantilistas y la falta
de compromiso académico de alguno de ellos. Hoy mismo están más preocupados por
reformar el estatuto, en una clara asimilación del reformismo priista que tiene
de cabeza al país, que de atender los compromisos surgidos de las dos últimas
revisiones contractuales.
Hace apenas dos años se reformó el mentado estatuto,
perdiendo una parte de su espíritu solidario, y ya le están poniendo las manos
encima para reformarlo de nuevo, previa invitación a foros en los cuales toman
nota nada más de lo que les conviene y dejan de lado lo que les impide reforzar
el control por parte del Comité Ejecutivo Dorado. En la revisión del estatuto anterior,
escuché a un delegado sindical proponer se otorgara más poder al Secretario
General porque “así es en el SNTE”!!!! Por ese camino se ha venido reforzando
el ejecutivismo y más adelante no sería extraño se entreguen derechos
sindicales a cambio de beneficios personales. Cualquier cosa puede pasar: ya se
firma el Contrato Colectivo de Trabajo muchos meses después de haberse
desistido de una huelga o de haberla levantado, dizque porque son revisiones de
estilo. Si como dicen los priisitas: forma es fondo, en esas revisiones de la
forma se pierde el fondo.
Argumentan que las modificaciones por hacerse al estatuto
serán superficiales y que las de fondo se votarán en Asamblea General. Aún
estamos esperando la Asamblea General que apruebe las reformas esenciales
aprobadas hace dos años por el Consejo General de Delegados. Mencionaré sólo tres:
ahora, de acuerdo al estatuto amañado, el Secretario General preside el Consejo
General de Delegados; si este funcionario no cita, o se marcha de la mesa, no
hay Consejo y puede seguir tomando decisiones a nombre del sindicato, sin tomar
en cuenta a los representantes de las delegaciones. En aquella ocasión se
proponía establecer en el estatuto que el
Secretario General presidiera también la Asamblea General; no lo lograron en
esa ocasión, pero quizá en esta sí avancen por el rumbo de establecer bases más
firmes para que el charrismo asome algo más que las orejas, las botas y el
sombrero. También anotaron en el estatuto que éste debe reformarse cada dos
años, tal obligación permite que cualquier grupo encaramado temporalmente en la
dirección sindical pueda reformarlo a su antojo. No quiero insistir en el tufillo
que estas medidas dan a presidencialismo vende patrias; precisamente a esa
práctica que ha venido manoseando la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Los reformadores dorados están como Varguitas, el personaje de
la película La Ley de Herodes.
Todo puede ocurrir con el tipo de delgados que suele
elegirse, los hay que funcionan como los comisionados del SNTE, pues no asisten
a impartir clases, otros que desconocen el estatuto y el Contrato Colectivo de
Trabajo y, otros más, que son delegados porque así conviene al Jefe de
Departamento, pudiendo reunir las tres cualidades al mismo tiempo.
Esos delegados a veces suelen votar contra sus representados
y contra sí mismos. Así ocurrió hace unos dos años con motivo de la
distribución de los recursos de las cláusulas de monto fijo. El Comité propuso
destinar una parte significativa a la mansión que se construye a sí mismo y una
minucia a la despensa. Propuse invertir esa proporción a favor de la despensa,
señalando el atractivo para quienes desearían jubilarse y no lo hacen por la importante
disminución de sus ingresos, lo cual dejaría plazas disponibles para los
aspirantes, algunos de ellos presentes allí. El líder de la corriente dorada
argumentó a favor de su edificio: había que invertirle a la organización y no a
los asuntos individuales, dijo. Dejó claro que para él la organización no es
posible sin un edificio fastuoso y que la jubilación de los profesores es
individualismo. El mundo al revés: el burocratismo es organización, a su
entender, y el derecho de cada
agremiado, consignado en la Ley Federal del Trabajo, es individualismo. Se votó
mi propuesta: el edificio obtuvo 25 votos y la despensa, que recibe cada
profesor, incluyendo aquel que se ha jubilado, obtuvo un voto. ¿Qué se puede
esperar de delegados que votan como su líder les indica, sin consultar a sus
representados? No es otra cosa que la vieja y tradicional disciplina priista,
que ha conducido al Congreso de la Desunión a aprobar la entrega del petróleo
de la Nación a las empresas multinacionales.
El pasado 29 de enero se sometió a votación tres
propuestas, la primera tiene que ver con la creación de una delegación de
personas que ya no tienen relación laboral con la Universidad de Sonora, las
cuales estarán interviniendo en la vida interna del STAUS. En lugar de la
propuesta demagógica de una delegación para los jubilados, lo que ellos
requieren es ingresos; el Contrato Colectivo de Trabajo contempla que es el
sindicato quien decide la cantidad de dinero que se destina de las cláusulas de
monto fijo a la despensa, único ingreso que los jubilados obtienen de la
Universidad de Sonora. ¿Por qué los sucesivos
Comités Ejecutivos Dorados se han obstinado en construir un nuevo edificio
sindical, desviando los recursos que pueden ser destinados a toda la planta
académica, incluyendo los jubilados?
La segunda propuesta votada fue la no reelección de
delegados y subdelegados durante tres años. Hace poco más de dos años hice la
propuesta de que en la conformación de las representaciones delegacionales, quien
ganara fuera delegado y el segundo lugar subdelegado, para aumentar la
participación de los miembros de las delegaciones. Por supuesto, no lo aceptaron y en lugar de ello ahora se proponen
restringir la participación. La raíz de esta propuesta es el conflicto que la
corriente dorada tiene con los delegados de Navojoa, a ellos está dirigida esa
reforma, pero afecta a todo el sindicato.
La tercera propuesta es la de crear un órgano de poder
que suplante a las delegaciones y a la asamblea general, este es el camino que
hace años tomó el SNTE, y que le permitió a Elba Esther Gordillo ser nombrada
líder vitalicia. En uno de esos congresos resolutivos, más adelante pueden
ungir al líder “moral” de la corriente dorada como líder vitalicio del STAUS.
Una práctica surgida del mejor repertorio priista es proponer, propagandizar, levantar una votación
y contar los votos, sin escuchar otros puntos de vista y, menos, someter a
votación otras propuestas. Pude apreciar como los mismos que impulsan las
reformas, estaban en las mesas, ---supongo habrán contado los votos--- y, luego,
dejar un papel pegado en la pared con los supuestos resultados. ¿No es lo mismo
que tanto se criticó por años al sistema electoral mexicano? Nada de eso
elimina la obligación de votar en asamblea general, con quórum, dichas
propuestas; igual cosa debe ocurrir con el estatuto ilegítimo que hoy sirve de
fundamento para la nueva reforma. Por cierto, incluso este mismo estatuto está
siendo violado.
Por último, la corriente dorada se ha mantenido durante
más de un sexenio en las oficinas del STAUS porque la administración de la
Universidad les ha creado un cartel de ansiedad: numerosos profesores sin
estabilidad laboral a quienes no les pueden ofrecer seguridad en el empleo, por
la razón misma de que la institución no crece, por más que sus administradores
digan lo contrario. Parodiando a un clásico: nuestro sindicato es demasiado
importante para dejarlo en manos de burócratas con almas de priistas.